Nuevo Real Decreto-ley 1/2025
El 28 de enero de 2025, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 1/2025, que reintroduce la mayoría de las medidas del denominado “escudo social” tras la derogación del anterior decreto ómnibus. Este nuevo decreto incluye 29 medidas destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables y a mitigar los efectos económicos derivados de diversas crisis recientes. A continuación, se detallan las principales disposiciones de esta nueva legislación.
1. Revalorización de las Pensiones
El decreto establece un incremento del 2,8% en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Este aumento busca mantener el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la inflación.
2. Medidas en Materia de Vivienda
Con el objetivo de proteger a los hogares vulnerables, se han implementado las siguientes medidas:
• Suspensión de Desahucios y Lanzamientos: Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional. Los afectados deben acreditar su situación mediante la presentación de documentación específica, y los juzgados evaluarán cada caso para determinar la procedencia de la suspensión.
• Compensaciones a Arrendadores: Se establecen mecanismos de compensación para los propietarios afectados por la suspensión de desahucios, basados en el valor medio del alquiler y los gastos corrientes asumidos. Las solicitudes de compensación pueden presentarse hasta el 31 de enero de 2026, y serán gestionadas por las comunidades autónomas.
3. Bonificaciones en el Transporte Público
El decreto reintroduce las ayudas para el transporte público gratuito en servicios como Cercanías, Rodalies y Media Distancia, vigentes desde el 29 de enero hasta el 30 de junio de 2025. Además, se aplicará un 50% de descuento en trenes Avant hasta diciembre y gratuidad en ciertas rutas de alta prestación durante el primer semestre del año.
Para apoyar a los colectivos vulnerables en el ámbito energético, se han establecido descuentos en el bono social eléctrico:
• Del 1 de enero al 30 de junio de 2025:
• Consumidores vulnerables: 50% de descuento.
• Consumidores vulnerables severos: 65% de descuento.
• Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025:
• Consumidores vulnerables: 42,5% de descuento.
• Consumidores vulnerables severos: 57,5% de descuento.
Estas medidas buscan garantizar el acceso a suministros básicos para las familias más necesitadas.
5. Medidas Laborales y de Seguridad Social
Entre las disposiciones laborales, destaca la reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales a partir de 2025. El Ministerio de Trabajo ha asegurado que esta reducción no implicará recortes salariales ni afectará a los complementos salariales previamente pactados. Además, se endurecerá el registro horario en las empresas, con sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador en caso de incumplimiento.
6. Medidas en Materia de Justicia
La Ley Orgánica 1/2025 introduce reformas significativas en el sistema judicial español, incluyendo:
• Transformación de Juzgados Unipersonales en Tribunales de Instancia: Esta medida busca una mayor especialización y eficiencia en la administración de justicia.
• Fomento de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC): Se promueve el uso de la mediación y otros métodos alternativos antes de acudir a la vía judicial, con el objetivo de agilizar la resolución de disputas y descongestionar los tribunales.
7. Registro Único de Alquiler Turístico y de Temporada
A partir del 2 de enero de 2025, entra en vigor un registro único para alquileres turísticos y de temporada en España. Cada propiedad destinada a este tipo de alquiler deberá contar con un número de identificación, con el objetivo de regularizar la oferta y combatir el alquiler ilegal. Las plataformas digitales estarán obligadas a incluir este identificador en sus anuncios y a retirar aquellos que no lo tengan en un plazo de 48 horas.
8. Medidas en el Ámbito Sanitario
Una nueva ley permite a los farmacéuticos renovar recetas médicas para ciertas enfermedades menores, reduciendo la necesidad de visitas al médico para estos casos. Además, se reforma el sistema de copago farmacéutico, haciéndolo más proporcional a los ingresos de los pacientes, lo que beneficiará a aquellos con menores recursos.
El 19 de noviembre de 2024, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 1155/2024, que introduce una reforma integral del Reglamento de la Ley de Extranjería. Esta modificación, que entrará en vigor el 20 de mayo de 2025, tiene como objetivo principal facilitar la integración de las personas migrantes a través de tres ejes fundamentales: trabajo, formación y familia. A continuación, se detallan las principales novedades y cambios introducidos por este nuevo reglamento.
1. Reducción del Plazo de Permanencia para el Arraigo
Una de las modificaciones más significativas es la reducción del periodo de permanencia continuada en España requerido para acceder a las distintas modalidades de arraigo. Anteriormente, se exigían tres años de residencia continuada; con la nueva normativa, este plazo se reduce a dos años para todas las modalidades de arraigo.
2. Nuevas Modalidades de Arraigo
El reglamento introduce cinco modalidades de arraigo, adaptándose a las diversas circunstancias de las personas migrantes:
• Arraigo Social: Dirigido a personas con vínculos familiares con extranjeros residentes legales en España. Se requiere acreditar medios económicos suficientes para el sustento. Los vínculos pueden ser con cónyuge, pareja registrada o familiares en primer grado en línea directa. Además, es necesario presentar un informe de arraigo emitido por el ayuntamiento que acredite la integración social.
• Arraigo Familiar: Destinado a progenitores o tutores de menores que sean ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, siempre que acrediten estar a cargo del menor y residir juntos en España. No se requiere un periodo mínimo de permanencia en el país, y la autorización tiene una duración de cinco años.
• Arraigo Socioformativo: Enfocado en personas que estén matriculadas o cursando formaciones profesionales que emitan un certificado de profesionalidad en España. La solicitud debe presentarse en los dos meses anteriores al inicio de la formación, si la matrícula tiene un plazo oficial. También se requiere un informe de integración social.
• Arraigo Sociolaboral: Para personas que puedan acreditar una relación laboral. Es necesario aportar uno o varios contratos de trabajo que garanticen, en conjunto, al menos el salario mínimo interprofesional en proporción a la jornada trabajada, con una suma de horas no inferior a 20 semanales.
• Arraigo de Segunda Oportunidad: Dirigido a personas que hayan sido titulares de una autorización de residencia en los dos años anteriores a la solicitud y que no la hayan renovado por motivos distintos a razones de orden público, seguridad o salud pública. Es posible solicitarlo si existe una sentencia denegatoria, sobreseimiento o absolución de pena.
3. Duración de las Autorizaciones
Las autorizaciones iniciales de residencia por arraigo tendrán una duración de un año, excepto en el caso del arraigo familiar, cuya vigencia será de cinco años. Las renovaciones se amplían a cuatro años, lo que aporta mayor estabilidad y garantías tanto a las personas migrantes como a las empresas que las contraten.
4. Facilitación de la Reagrupación Familiar
El nuevo reglamento mejora el proceso de reagrupación familiar, ampliando el límite de edad para los hijos reagrupados de 21 a 26 años y abarcando circunstancias antes excluidas, como la inclusión de parejas no registradas que puedan demostrar una relación afectiva estable. Además, se ha creado un permiso de residencia específico para familiares de ciudadanos españoles, simplificando los trámites y reduciendo los plazos de espera.
5. Autorizaciones para Estudiantes y Trabajadores Temporales
Los estudiantes extranjeros obtendrán un permiso de residencia válido durante toda la duración de sus estudios, eliminando la necesidad de renovaciones anuales. Durante este periodo, podrán trabajar hasta 30 horas semanales, independientemente del curso que estén realizando. Al finalizar sus estudios, se establece una vía rápida para obtener un permiso de trabajo.
Para los trabajadores temporales, se ha introducido una autorización de residencia y trabajo específica que agiliza la contratación individual y colectiva. Se mejoran las condiciones laborales y se exige que los empleadores proporcionen información clara y por escrito sobre las condiciones de trabajo, residencia y costes relacionados. Además, se facilita la posibilidad de cambiar de empleador en caso de abusos u otras circunstancias que impidan la continuación de la relación laboral.
6. Simplificación de Procedimientos y Reducción de Plazos
El nuevo reglamento busca reducir los plazos, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades en la tramitación de autorizaciones de residencia y trabajo. Se crea un título específico para los visados, que clarifica el esquema de autorizaciones, los requisitos y los trámites en general. Todas las autorizaciones iniciales tendrán una duración de un año, mientras que las renovaciones se amplían a cuatro años, lo que aporta mayor estabilidad y garantías tanto a las personas migrantes como a las empresas que las contraten.
7. Impacto Esperado
Según estimaciones del Gobierno, esta reforma tiene el potencial de regularizar a unas 300.000 personas al año durante los próximos tres años. Además de garantizar los derechos humanos de todas las personas que deseen regularizar su situación en España, la reforma también pretende reducir los retrasos, eliminar la duplicación de
Conclusión
El Real Decreto-ley 1/2025 refuerza el compromiso del Gobierno español con la protección de los colectivos más vulnerables y la mitigación de los efectos económicos derivados de diversas crisis. Estas medidas abarcan ámbitos clave como la vivienda, el transporte, la energía, el trabajo, la justicia y la sanidad, buscando garantizar el bienestar de la ciudadanía y la estabilidad económica del país.
La violencia de género se define como cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual o económica que se ejerza contra una mujer por el hecho de ser mujer. Es una forma de discriminación y desigualdad que perpetúa el control y el poder sobre las mujeres en diversos ámbitos de la vida.
En España, la violencia de género está regulada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley establece un marco legal y social para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como para proteger y asistir a las víctimas.